Carmen Aristegui, asunto de Estado

Carmen Aristegui, asunto de Estado

Por: Manuel Camacho Solís
(Coordinador del Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA))

domingo 13 de febrero de 2011

La expulsión de Carmen Aristegui de su programa radiofónico matutino es un asunto de Estado. En ese fallo converge una decisión central sobre la libertad de expresión, el ejercicio del poder presidencial, el tipo de competencia electoral que se prefigura para 2012 y el acto de gobierno más importante para un proyecto de cobertura nacional de telecomunicaciones que aumente la competitividad de la economía mexicana y el acceso de todos a las tecnologías de última generación. La decisión puede acelerar las tensiones internas o abrir un cauce para mejorar el ambiente político y desatorar decisiones de la mayor importancia para el interés público; la decisión, desde luego, rebasa a los concesionarios.

Lo que aquí se defiende no es un espacio para la opinión progresista ausente en otros medios y por lo tanto necesaria para la pluralidad. Se defiende la libertad de expresión y de prensa. Si por ejemplo, en un eventual gobierno progresista, desde el Estado se conculcaran los derechos de otro medio o periodista de derecha, habría que defender esa posición con la misma determinación.

Lo que aquí se defiende es la protección a la propia institución presidencial. No puede ser más desafortunado el episodio, donde en términos de interpretación, se vincula una crítica al Presidente que, como ya ocurrió, podía ser aclarada como lo hizo Roberto Gil, con la expulsión de la reconocida periodista. Aun en el supuesto de que la decisión hubiera sido exclusiva del concesionario, el Presidente tendría todo el derecho a solicitar su corrección en tanto que ésa sí perjudica su prestigio personal y político.

Lo que aquí se defiende es la necesidad de que para las próximas elecciones de 2012 existan condiciones de equidad y las libertades que permitan que haya una verdadera competencia. No puede haber una elección libre donde los medios, sobre todo los electrónicos, no permitan la libre circulación de la información y el debate de las ideas.

En una circunstancia tan compleja como la que se anticipa para el próximo gobierno, donde sólo una legitimidad democrática plena logrará fortalecer a las instituciones y al Estado, la pluralidad en los medios es crucial para que desarrollen en paz y cumplan con su cometido de resolver por la vía pacífica las diferencias para estructurar un sólido nuevo gobierno.

Lo que también está de por medio es la decisión más importante en materia de telecomunicaciones. La concesión para el espectro de 2.5 GHz (que es la que ha tenido la familia Vargas) es crucial. Con el avance tecnológico reciente, ese espectro se ha convertido en la mejor opción para un proyecto de cobertura nacional de servicios de telecomunicaciones de última generación. Ese espectro, con los nuevos desarrollos tecnológicos, permitiría en un muy corto plazo que todos los mexicanos tuviéramos acceso a la tecnología más avanzada y a un menor costo.

Esta tecnología desarrollada por Intel es la misma con la cual se respalda hoy la estrategia de la India para dar acceso a 700 millones de usuarios en 135 millones de hogares, incluyendo los de bajos ingresos. Esta estrategia es, además, generadora intensiva de empleos. Se considera que por cada 12 millones de conexiones de banda ancha se crean dos millones de empleos (Protiviti Consulting). Con independencia de quién y bajo qué modalidades cuente con la concesión, ésta representa una enorme oportunidad para México.

El gobierno tiene en sus manos la posibilidad de convertir un problema que lo debilita y desacredita, en una decisión de Estado mediante la cual reafirme su compromiso con la libertad de expresión, proteja a la figura presidencial, ayude a crear mejores condiciones de competencia para las elecciones presidenciales y destrabe la decisión para el aprovechamiento de la banda de 2.5 GHz con las tecnologías de última generación que darían acceso a todos, a menor costo. Las decisiones que han convergido en la expulsión de Carmen Aristegui son un asunto de Estado.